Del Triunfo Electoral a la Realidad del Gobierno: El Desafío de la Seguridad y Convivencia en Colombia

 Del Triunfo Electoral a la Realidad del Gobierno: El Desafío de la Seguridad y Convivencia en Colombia

Por Carlos Silva 

Abogado-Especialista en derecho procesal Penal, Estudiante Maestría en Gobierno y Políticas Públicas EAFIT, Reservista de la Policía Nacional.

Tras las elecciones del 29 de octubre, los líderes electos ahora enfrentan el enorme desafío de transformar sus promesas en acciones concretas, especialmente en temas críticos como la seguridad y la convivencia ciudadana. A partir del primero de enero de 2024, estos nuevos gerentes públicos deberán abordar una diversidad de problemas públicos que las ciudadanías esperan ver solucionados o mitigados. Su éxito o fracaso en esta tarea no solo afectará su actual mandato, sino que también podría influir en sus futuras aspiraciones políticas.

 

Durante la campaña electoral, la seguridad y la convivencia fueron temas prioritarios. Candidatos y equipos de campaña presentaron propuestas novedosas, algunas incluso rozando la ficción, prometiendo construir territorios más seguros y pacíficos. Sin embargo, ahora que ha pasado la euforia del triunfo, es crucial que los mandatarios electos se enfoquen en la desafiante realidad de liderar y dirigir efectivamente la gobernanza territorial de la seguridad y convivencia.

 

Este artículo se dedica a explorar de manera concisa algunos aspectos fundamentales, pero a menudo subestimados en el contexto de la gobernanza de la seguridad. El primero se refiere a la interpretación de la figura legal de “primera autoridad de Policía”. Proponemos una interpretación amplia, que integre el marco normativo con la práctica de la función pública. Bajo esta visión, se entiende que los alcaldes y las alcaldesas, así como los gobernadores y las gobernadoras, tienen la competencia de liderar o, más precisamente, coordinar un Sistema Local de Seguridad (SLS). Este sistema implica la intervención de distintos niveles de gobierno, que se articulan en escenarios regulados y operan bajo procedimientos planificados como “estrategias”. Comprender la gobernanza multinivel y las relaciones intergubernamentales es esencial para enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

 

Desde una perspectiva histórica, los sistemas locales de seguridad han funcionado en torno a la capacidad operativa de la fuerza pública, y en particular, de la Policía Nacional. Sin embargo, la tendencia reciente hacia una disminución en el personal policial está teniendo un impacto considerable no solo en la capacidad de respuesta inmediata a emergencias y delitos, sino también en la efectividad de la estrategias implementadas y la cobertura territorial. Consecuentemente, los mandatarios electos podrían enfrentarse a una disminución en el número de efectivos disponibles en sus respectivas jurisdicciones.

 

En lo concerniente a la asignación de recursos para la implementación de las propuestas de seguridad (programas de gobierno), y que deben quedar incorporadas en los  planes de desarrollo y los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), recae principalmente en el Fondo de Seguridad Territorial (FONSET). A pesar de que inicialmente este fondo puede aparentar solvencia económica, una proporción significativa se asigna a gastos operativos recurrentes o de funcionamiento de la fuerza pública y otros organismos de seguridad. Esta circunstancia, sumada a un presupuesto frecuentemente insuficiente para satisfacer la totalidad de las demandas en este sector, y un conocimiento limitado sobre mecanismos alternativos de financiación (cofinanciación) y sus vías de acceso, agudiza la complejidad de la gestión de la seguridad. 

 

Además de los desafíos mencionados, es crucial considerar otras condiciones igualmente relevantes en el contexto de la seguridad. Entre estos, destacan las dinámicas de los actores criminales, tanto individuales como colectivos, que intensifican las manifestaciones de delincuencia y violencia. Marcelo Bergman, en su libro More Money, More Crime: Prosperity and Rising Crime in Latin America, destaca que la debilidad institucional en prevenir y sancionar delitos conduce inevitablemente a un aumento de la criminalidad. Asimismo, el hacinamiento carcelario, se ha convertido en otro factor caótico,  presente tanto en centros penitenciarios como en estaciones de policía. Adicionalmente, es fundamental considerar la migración, abordándola desde una perspectiva libre de xenofobia, como otro elemento critico en el actual panorama de seguridad.

 

El  diagnóstico de seguridad se ve exacerbado por una serie de factores entrelazados.  Jurídicamente, la “superposición administrativa” refleja las dificultades del marco normativo y de procedimientos. A nivel de administración pública, esto implica retos en diseño y estructura institucional; mientras que en políticas públicas, se traduce en complejas relaciones intergubernamentales dentro de una gobernanza multinivel. Un desafío clave es la ausencia de un funcionario dedicado exclusivamente a la seguridad, recayendo esta carga a menudo en los secretarios de Gobierno, con las implicaciones que esto conlleva para la prioridad de estos temas (capacidades locales). Adicionalmente, la gestión de la seguridad tiende a ser más reactiva que preventiva lo que subraya la necesidad de un enfoque equilibrado para una transformación efectiva de los territorios. También es crucial integrar un enfoque de género en los sistemas locales de seguridad para atender adecuadamente las diversas necesidades y vulnerabilidades en los grupos poblacionales. 

                                                     

Finalmente la situación se agrava debido a la percepción errónea de paz y seguridad como conceptos antagónicos en el gobierno, cuando en realidad son interdependientes. A esto se suma la fragmentación de la persecución penal, causada por la falta de coordinación entre la Fiscalía General de la Nación y la fuerza pública (especialmente policía judicial);  así como la ausencia de una política criminal clara y cohesiva. Estos factores, contribuyen significativamente a acentuar esta crisis. 

 

En respuesta a este intrincado panorama de seguridad, es esencial que los futuros mandatarios comiencen de inmediato a trabajar con equipos eficientes para desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio, utilizando los recursos y capacidades locales disponibles. La ciudadanía, que ha depositado su confianza en ellos, espera respuestas efectivas y oportunas, más allá de las limitaciones institucionales y administrativas existentes.

 

La creciente percepción de inseguridad y los altos índices de criminalidad han generado una demanda pública de medidas más severas contra la delincuencia (“manodurismo”), incluyendo, acciones reprochables como la justicia por mano propia. Esto refleja no solo la desesperación de las comunidades, sino también las deficiencias en la capacidad de las autoridades para manejar la situación, complicando aún más el escenario de seguridad.

 

El grado de confianza que la población deposita en sus líderes se reflejará en los resultados obtenidos y en la percepción de cómo están manejando sus responsabilidades. En este contexto, la seguridad se convierte en un indicador crítico para evaluar la efectividad y la aceptación de los nuevos mandatarios.